Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó hoy que investiga las contrataciones de cocinas realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a partir de las actuaciones y recursos presentados por participantes en los procedimientos, así como de situaciones conocidas públicamente que ameritan ser examinadas dentro de sus competencias.
Reiteró que los proveedores que hayan presentado recursos o reclamos relacionados con los procedimientos de contratación, la evaluación de sus ofertas o las decisiones adoptadas por el INABIE recibirán una respuesta formal una vez agotadas las actuaciones de instrucción y realizado el análisis jurídico y técnico de cada expediente.
“Cada caso será evaluado de manera individual, atendiendo a sus circunstancias particulares, las pruebas aportadas y las disposiciones aplicables del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas”, subrayó.
Los procesos corresponden a 34 licitaciones públicas nacionales del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2025- 0051 hasta el INABIE-CCC-LPN-2025-0084 en las que fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores.
Indicó que, entre los meses de julio y agosto, ha recibido 83 recursos jerárquicos, además de 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación, actuaciones que están siendo tramitadas conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.
Informó que, en el marco de sus atribuciones como órgano rector del sistema, los pliegos de condiciones fueron objeto de monitoreo preventivo antes de la recepción de ofertas y remitidas con observaciones de carácter obligatorio, entre el 22 y el 31 de diciembre de 2025, las cuales fueron acogidas por la entidad contratante.
Explicó que los recursos jerárquicos constituyen mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para que los participantes puedan cuestionar determinadas actuaciones o decisiones administrativas.
Dijo que su presentación no implica, por sí misma, la existencia de una irregularidad ni determina responsabilidad de ninguna de las partes, por lo que, de acuerdo a la Ley no tiene efectos suspensivos.
Informó, además, que, en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, inició una investigación orientada, entre otros aspectos, a profundizar en la identificación de los beneficiarios finales vinculados a determinadas adjudicaciones. Esta actuación tiene como finalidad verificar, sobre la base de evidencia objetiva, si existen elementos relevantes para el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones, incompatibilidades, vinculación entre empresas u otras obligaciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas.
