Los cuestionamientos y ataques contra varios artículos del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, obligaron a la Cámara de Diputados a abrir un proceso para recibir propuestas dirigidas a modificar «aspectos puntuales» de la legislación, apenas un año después de su aprobación.
La decisión fue anunciada este martes por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acompañado de los voceros de todos los partidos, quienes aseguraron que la medida fue consensuada entre los partidos con representación en el Congreso y coordinada con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El proceso permitirá que academias, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, operadores del sistema de justicia y ciudadanos presenten observaciones fundamentadas sobre los artículos que consideren susceptibles de modificación.
Aunque Pacheco no especificó los artículos que serían cambiados, el Congreso y el Gobierno han sido atacados recientemente por puntos de la ley ligados a la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio médico en el país.
Aunque restan pocos días para que el Código Penal entre en vigencia, Pacheco sostuvo que todavía hay tiempo para introducir los cambios que sean necesarios durante la actual legislatura, prevista para concluir el 26 de julio.
Legislatura extraordinaria y nuevo plazo
En ese sentido, tampoco descartó que el presidente Luis Abinader convoque una legislatura extraordinaria si el Congreso necesita más tiempo para completar las modificaciones, ni cerró la posibilidad de posponer la entrada en vigor de la ley.
«Es una posibilidad que no cerramos», respondió al ser preguntado sobre un eventual aplazamiento de la aplicación de la nueva ley.
El presidente de la Cámara defendió el contenido del nuevo Código Penal al afirmar que representa «una reforma histórica» que incorpora más de 70 nuevos tipos penales y fortalece las herramientas del Estado para perseguir delitos como el crimen organizado, la corrupción, el sicariato, las estafas piramidales, los ataques con ácido del diablo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros.
No obstante, admitió que una reforma de esa magnitud puede ser perfeccionada y sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar las observaciones que distintos sectores plantearon desde que la pieza fue promulgada.
Pacheco insistió en que el propósito «no es reabrir completamente» la discusión del Código Penal, sino concentrarse en los artículos que han generado mayores cuestionamientos.
